LGE: Unesco pidió "considerar las voces de los actores sociales"
"La educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido" y que no puede ser "un mero servicio o una mercancía", enfatizó la oficina de Naciones Unidas.
A través de una declaración pública, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) pidió a los actores políticos chilenos tomar en cuenta las opiniones que sobre la LGE manifiestan diversos sectores sociales.
"Aprovechando el consenso logrado para legislar en torno a una ley de educación, recomendamos a los legisladores considerar las voces de los diferentes actores sociales y los compromisos suscritos por Chile a nivel internacional en el ámbito educativo", señaló la nota.
Tras la aprobación de la idea de legislar sobre la Ley General de Educación (LGE), el organismo recordó que "desde hace unas semanas diferentes grupos de estudiantes y padres de familia han llegado hasta las instalaciones de la Unesco para manifestar de forma pacífica y elocuente su preocupación por la aprobación".
"Para la Unesco, la educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido. Concebir la educación como derecho, y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos porque los derechos no se compran ni se transan", enfatiza la declaración.
De hecho, se recuerda que el rol garantista, "según lo expresaron los ministros de educación de América Latina y el Caribe en Buenos Aires en 2007, obliga a los Estados a proveer escuelas y programas suficientes a lo largo del país que sean accesibles a todos; establecer estándares de calidad para todas las escuelas y programas; fortalecer la calidad de la educación pública, por su rol fundamental en la reducción de las desigualdades y en el fomento de la cohesión social; y establecer normativas que eviten la discriminación, fortaleciendo los sistemas de garantía existentes para exigir el derecho a la educación sin discriminación".
"La educación pública o financiada con fondos públicos es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones, sin perjuicio de que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos", añadió Unesco. (Cooperativa.cl)
"La educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido" y que no puede ser "un mero servicio o una mercancía", enfatizó la oficina de Naciones Unidas.
A través de una declaración pública, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) pidió a los actores políticos chilenos tomar en cuenta las opiniones que sobre la LGE manifiestan diversos sectores sociales.
"Aprovechando el consenso logrado para legislar en torno a una ley de educación, recomendamos a los legisladores considerar las voces de los diferentes actores sociales y los compromisos suscritos por Chile a nivel internacional en el ámbito educativo", señaló la nota.
Tras la aprobación de la idea de legislar sobre la Ley General de Educación (LGE), el organismo recordó que "desde hace unas semanas diferentes grupos de estudiantes y padres de familia han llegado hasta las instalaciones de la Unesco para manifestar de forma pacífica y elocuente su preocupación por la aprobación".
"Para la Unesco, la educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido. Concebir la educación como derecho, y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos porque los derechos no se compran ni se transan", enfatiza la declaración.
De hecho, se recuerda que el rol garantista, "según lo expresaron los ministros de educación de América Latina y el Caribe en Buenos Aires en 2007, obliga a los Estados a proveer escuelas y programas suficientes a lo largo del país que sean accesibles a todos; establecer estándares de calidad para todas las escuelas y programas; fortalecer la calidad de la educación pública, por su rol fundamental en la reducción de las desigualdades y en el fomento de la cohesión social; y establecer normativas que eviten la discriminación, fortaleciendo los sistemas de garantía existentes para exigir el derecho a la educación sin discriminación".
"La educación pública o financiada con fondos públicos es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones, sin perjuicio de que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos", añadió Unesco. (Cooperativa.cl)
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